El expresidente municipal de Singuilucan, Marcos Miguel N.N., alias “El Ratón”, enfrentará juicio oral por uso ilícito de atribuciones y facultades agravado. Esta acusación deriva de la investigación conocida como Estafa Siniestra, donde se indaga el presunto desvío de recursos públicos mediante contratos y operaciones simuladas.
La determinación fue emitida durante la audiencia intermedia celebrada el 20 de agosto de 2026, en la que un juez de control dictó el auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal 1936/2025, bajo la conducción de la jueza Janett Montiel Mendoza.
Recursos extraordinarios recibidos
De acuerdo con las investigaciones, durante la administración encabezada por el exalcalde se habrían recibido 109 millones 645 mil 325 pesos en recursos extraordinarios, destinados originalmente a diversas acciones y servicios para el municipio, entre ellos la sanitización de áreas comunales, adquisición de papelería y artículos de escritorio, traslado y renta de maquinaria, así como el pago de personal eventual.
No obstante, la fiscalía sostiene que después se celebraron 161 contratos con 22 personas físicas y morales. Este esquema presuntamente permitió usar los recursos mediante operaciones financieras simuladas.
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Contexto de la Estafa Siniestra
El caso forma parte de las investigaciones emprendidas por autoridades estatales en torno a la Estafa Siniestra, denominación con la que se identifica una serie de indagatorias relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos mediante mecanismos administrativos y financieros irregulares.
Con el auto de apertura, la causa penal avanza a juicio oral. El tribunal competente desahogará las pruebas admitidas y determinará la responsabilidad o inocencia del exfuncionario.
Segunda acusación pendiente
“El Ratón” también enfrenta una segunda acusación relacionada con un monto de 16 millones de pesos. Este expediente aún se encuentra en la etapa intermedia, por lo que no ha llegado a juicio oral.
Presunción de inocencia
Cabe señalar que el señalamiento corresponde a una investigación penal y la responsabilidad del exalcalde deberá ser determinada por la autoridad judicial mediante sentencia.
ENRIQUE GUTIÉRREZ
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