En un acto calificado como justicia social, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció un incremento salarial dirigido a las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo estatal con las percepciones más bajas, enfatizando que esta medida no afectará los recursos destinados a programas sociales.
“A partir de este año habrá un aumento sustancial, particularmente en las personas que menos ganan, del 35 al 10 por ciento. Este es un reconocimiento para 22 mil 318 trabajadoras y trabajadores del Poder Ejecutivo, pero también una exigencia para redoblar esfuerzos y atender la demanda de un buen servicio público”.
El ajuste salarial se contempla de esta manera:
- Un incremento del 35 por ciento para 3 mil 539 trabajadoras y trabajadores de nivel 08A.
- 25 por ciento para 982 servidores públicos de nivel 08B
- Un 21 por ciento para más de mil 500 personas de base adheridas al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
- Y un 17 por ciento para mil 491 empleados de nivel 09A.
Por su parte, 3 mil 25 jefes de departamento y subdirectores recibirán un aumento del 18 por ciento, mientras que mandos medios y superiores tendrán un 10 por ciento.
Incluso el gobernador percibirá un ajuste del 4 por ciento, en línea con la política de incremento.
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En materia de seguridad, más de 7 mil servidores públicos, incluidos policías, agentes de investigación, peritos y ministerios públicos, recibirán incrementos que oscilan entre el 10 y 25 por ciento como parte de un programa para dignificar la labor de los cuerpos de seguridad.
El Oficial Mayor, Orlando Ángeles Pérez, subrayó que este incremento responde a un proceso de reajuste salarial realizado para el ejercicio 2024.
Dijo que el último aumento para el personal estatal había ocurrido en 2013 con un modesto 10 por ciento, lo que hacía urgente esta actualización.
Sin impacto en programas sociales
El gobernador reiteró que los recursos para este ajuste salarial provienen de una administración eficiente del presupuesto y no afectarán los programas sociales ni otras prioridades del gobierno estatal.
Esta política refuerza el compromiso de la administración con la justicia laboral sin comprometer el bienestar de la población más vulnerable, aseguró.
ENRIQUE GUTIÉRREZ
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