Lo que antes se veía como un problema de pérdidas económicas para Pemex, hoy se ha transformado en una amenaza directa a la vida de miles de hidalguenses. El estado no solo lidera el robo de gas LP (huachigas) a nivel nacional, sino que lo hace con una violencia estadística sin precedentes: un incremento del 1,285.71% en apenas un año, según el último reporte del IGAVIM.
El mapa del peligro: Tula y Tepeji en alerta crítica
La geografía del delito tiene nombres propios: Tula de Allende y Tepeji del Río. Entre ambos municipios suman 97 tomas clandestinas en 2025, una cifra que los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta zona no se elige al azar; funciona como el nodo donde convergen los sistemas Tuxpan-Tula y Tula-Salamanca, arterias vitales que transportan energéticos hacia el centro y occidente del país.
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¿Por qué el gas LP es una amenaza invisible?
A diferencia de los derrames de gasolina, que son visibles y contenidos por el suelo, el gas LP representa un desafío técnico y mortal. Al transportarse a alta presión, cualquier perforación ilegal genera una nube inflamable que viaja con el viento.
Este fenómeno es el que ha provocado cierres prolongados en vías principales como la México-Pachuca, justo el día de ayer tras un reporte de fuga en Tizayuca, pues el gas, al escapar, congela las válvulas y tuberías, dejando a los técnicos de Pemex de manos atadas durante horas mientras el riesgo de una explosión masiva permanece latente.
La infraestructura que cruza Hidalgo, incluyendo el sistema Minatitlán-México, ha convertido al Altiplano hidalguense en un tablero de ajedrez para el crimen organizado.
Con líneas paralelas que transportan crudo, gasolina y gas LP, la manipulación de estos ductos por manos inexpertas no solo representa un robo al patrimonio nacional, sino una condena de riesgo constante para las comunidades asentadas sobre estos corredores energéticos.
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