La Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas cerró 2025 con 19 sentencias condenatorias, 25 vinculaciones a proceso y 27 judicializaciones por feminicidio. Dentro de ese balance, la autoridad judicial fijó una condena de 50 años de prisión contra J. L. O. H., la sanción más alta aplicada en Hidalgo desde que el delito se tipificó en 2013. El resultado colocó al caso como un referente por la magnitud de la pena y por la solidez del proceso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo condujo la investigación a través de su fiscalía especializada. Con ese trabajo, el sistema penal consolidó una resolución definitiva que elevó el estándar de castigo frente a la gravedad del crimen y marcó un punto de inflexión en la persecución del feminicidio en la entidad.
El crimen y la respuesta inmediata
Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2023 en el municipio de Cardonal. Ese día, agentes del Ministerio Público y personal de las divisiones Científica y de Investigación atendieron el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima dentro de su domicilio. La víctima había mantenido una relación sentimental previa con el agresor. Las diligencias iniciales confirmaron lesiones causadas con arma blanca, lo que permitió encuadrar el delito como feminicidio.
En el mismo momento del hallazgo, las autoridades detuvieron en flagrancia a J. L. O. H. y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, la representación social lo presentó ante un juez de control y solicitó su vinculación a proceso durante la audiencia inicial, solicitud que avanzó conforme a la ley.
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De la condena inicial a la pena máxima
Tras desahogar las etapas del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena de 37 años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Ministerio Público encargado de la investigación y las víctimas promovieron la apelación. En consecuencia, la Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio revisó el caso y modificó la sanción hasta establecer 50 años de cárcel.
Con esta resolución, Hidalgo registró por primera vez la pena máxima por feminicidio y reforzó una tendencia de mayor contundencia judicial reflejada en los resultados de 2025.
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