El estado de Hidalgo enfrenta una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, según reconoció Ana María Martínez Ramos, directora general de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH).
En entrevista, la funcionaria explicó que distintas regiones del territorio presentan afectaciones en sus ecosistemas, flora y fauna debido al aumento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como sequías prolongadas y lluvias intensas. Martínez Ramos señaló que, aunque las afectaciones varían por región, la vulnerabilidad del estado es generalizada.
Ante este panorama, la Secretaría de Medio Ambiente, bajo la dirección de la titular Mónica Patricia Mixtega Trejo, emprendió la actualización del marco jurídico y programático en materia climática.
“Estamos actualizando la ley de cambio climático para el estado de Hidalgo. La vigente databa de 2013, y es necesario alinearla con los nuevos acuerdos internacionales y la legislación federal”, explicó Martínez Ramos.
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Además, se revisa y actualiza el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, donde se proyectan los escenarios de vulnerabilidad y se diseñan estrategias específicas para mitigar los impactos ambientales.
Sectores que más contaminan
En cuanto a los sectores que más contribuyen a las emisiones contaminantes, la directora detalló que, de acuerdo con el Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (2019), actualmente en revisión, el sector energético y el transporte encabezan la lista de los mayores generadores de emisiones.
“El sector energético, especialmente en la región de Tula, y el transporte son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Por ello, estamos construyendo hojas de ruta para la descarbonización de cada uno de estos sectores”, puntualizó.
Finalmente, Martínez Ramos subrayó que, en el mediano y largo plazo, Hidalgo se alinea con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pues el sector energético son de competencia federal. La funcionaria insistió en que las acciones locales deberán seguir las directrices nacionales, pero destacó el compromiso estatal por actualizar sus instrumentos y adaptarse a los desafíos que impone la crisis climática.
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