Imagina un pequeño pueblo mexicano que, en materia de robo de hidrocarburos, supera a estados enteros del país. No es ficción. Es Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, un municipio que, desde 2018, se ha convertido en el epicentro nacional de un delito que parece imparable: la llamada “ordeña” de ductos de Pemex.
Según datos oficiales obtenidos por EME EQUIS, entre enero de 2018 y septiembre de 2025, Cuautepec acumuló 5,475 tomas clandestinas. Esto equivale a abrir, en promedio, dos válvulas ilegales cada día para extraer gasolina, diésel y otros hidrocarburos. Una cifra que no solo es alarmante, sino que deja en evidencia la magnitud de un problema con profundas raíces en la corrupción, la omisión y la violencia.
“Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Cuautepec es el municipio con más tomas clandestinas en los ductos de Pemex en el país“, documenta la investigación.
Un récord que avergüenza
Para poner en perspectiva la situación, basta un dato: solo en los primeros nueve meses de 2025, Cuautepec registró más tomas clandestinas (413) que ocho municipios de Tamaulipas juntos (407), estado históricamente vinculado al huachicol. Además, este pequeño municipio hidalguense superó individualmente las cifras totales de entidades como Baja California, Nuevo León, Puebla y Coahuila en el mismo periodo.
¿Cómo es posible que un solo municipio concentre tal nivel de actividad ilícita? La respuesta parece tejerse entre la geografía, la impunidad y una infraestructura criminal bien aceitada. En Cuautepec no solo se perforan ductos. Se han descubierto túneles de hasta 28 metros de profundidad conectados a las válvulas, centros de almacenamiento, y hasta narcolaboratorios. En uno de estos túneles, las autoridades encontraron algo más que infraestructura: un “altar del diablo” bajo tierra, junto a vestimentas policiales y chalecos antibalas.
La sombra de la violencia y la complicidad
Este negocio ilegal se riega con sangre y se protege con miedo. El reporte de EME EQUIS documenta casos escalofriantes:
- En julio de 2018, un agente de seguridad de Pemex fue secuestrado, calcinado y abandonado en su camioneta.
- En enero de 2023, un enfrentamiento entre soldados y presuntos huachicoleros dejó un saldo de cuatro muertos y nueve heridos.
Pero la violencia no solo viene de los grupos criminales. Existe una violencia estructural y un abandono que empuja a comunidades enteras a mirar hacia otro lado, o incluso a proteger a los que les dan “apoyos”.
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Los nombres detrás del desastre
La investigación señala vínculos preocupantes entre el crimen y el poder político local. El exalcalde de Cuautepec (2012-2016), Gerardo Olmedo Arista, “El Cochiloco”, es señalado como presunto protector de los “ordeñadores”. Su sucesora, Haydee García Acosta, también fue investigada. Durante sus administraciones, el huachicol no solo creció, sino que se institucionalizó.
Incluso, un alto mando del grupo criminal local “Los Cenobios”, Hugo Alberto Macías Arista (“El Aries”), trabajó como auxiliar en el área de Desarrollo Agropecuario del ayuntamiento. Una muestra más de la delgada y peligrosa línea entre la administración pública y el crimen organizado.
¿Un problema sin solución?
A pesar de los operativos y las detenciones –como la de “El Aries” en 2023, quien luego fue liberado en 2024 sin mayor explicación–, el robo de combustible en Cuautepec muestra una tendencia al alza. El municipio ha sido el número uno a nivel nacional en este delito desde 2019.
Este fenómeno no es solo un asunto de seguridad. Es un síntoma de fallas profundas: corrupción, colusión, falta de oportunidades económicas y una terrible normalización de la violencia. Mientras las autoridades federales y estatales se limitan a hablar de “grupúsculos”, la realidad en Cuautepec y en gran parte de Hidalgo muestra una red criminal compleja, bien financiada y con alcances interestatales.
La próxima vez que escuches sobre el aumento en el precio de la gasolina o sobre el desabasto en algunas regiones, recuerda este reportaje. El robo de combustibles es un cáncer que le cuesta miles de millones de pesos al país cada año, y pueblos como Cuautepec son la prueba viviente de que, sin atacar las causas de fondo, este problema está lejos de terminarse.
“El robo de combustible –un delito supuestamente ‘casi’ erradicado, como dijo el expresidente López Obrador ante su mandato— no es un entramado criminal fijo, sino una exploración constante de nuevas áreas para asentamientos”, concluye el reportaje de EME EQUIS.
La historia de Cuautepec es una llamada de atención. Nos habla de un México donde la ilegalidad a veces se instala no a pesar del Estado, sino con su complicidad o su incapacidad. Y mientras eso no cambie, seguirán abriéndose válvulas, seguirán fluyendo los hidrocarburos robados y seguirá perdiendo, sobre todo, la gente común.
Con información de EME EQUIS
MIRELY I. ENRÍQUEZ
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