La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo ha identificado al menos 20 casos de servidores públicos que desempeñaban dos funciones simultáneamente, lo cual constituye una irregularidad administrativa que, en algunos casos, ha derivado en sanciones, devoluciones de sueldos y denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En entrevista, el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, detalló que este fenómeno se ha presentado principalmente en servidores que, además de tener una plaza en el Poder Ejecutivo Estatal, ocupan cargos de elección popular en ayuntamientos o sectores educativos.
“Desde el inicio de esta administración uno de los objetivos ha sido evitar que los servidores públicos tengan dos funciones al mismo tiempo. Es imposible estar en dos lugares y cumplir con las responsabilidades correctamente”, afirmó Bardales.
El secretario señaló que si bien con la Plataforma Digital Nacional para la declaración patrimonial detecta automáticamente duplicidades internas, dado que agrupa a más de 84 mil trabajadores, el problema se complica cuando un servidor tiene una plaza en un ayuntamiento o en otro poder.
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Maestros, regidores y síndicos: los casos más frecuentes
Los casos más comunes, explicó, se presentan entre trabajadores del sector educativo que, tras ganar una elección, omiten solicitar la licencia correspondiente para suspender su plaza docente o administrativa, lo que deriva en cobros indebidos. En algunos casos se ha hecho la denuncia correspondiente en la Procuraduría.
Cinco devoluciones de sueldo… y hasta inhabilitaciones
De los 20 casos detectados, al menos cinco servidores públicos han devuelto los sueldos que cobraron indebidamente. Bardales mencionó que las dependencias reintegran estos montos a las arcas públicas correspondientes, según el lugar donde se realizó el pago duplicado.
“En el caso específico de Pachuca tuvimos dos personas que cobraban simultáneamente en la Presidencia Municipal y en el Gobierno estatal, una de ellas en la propia Secretaría de la Contraloría. Una regresó alrededor de 200 mil pesos y la otra más de 300 mil. Una de las personas fue inhabilitada por un año”, explicó el secretario.
Según Bardales, estas acciones son parte del trabajo permanente que realiza la Dirección General de Responsabilidades, que se encarga de citar a los presuntos responsables, revisar su situación y determinar si procede la devolución del dinero o la denuncia legal.
¿Y las denuncias?
El secretario explicó que no todos los casos son denunciados. En algunos, los servidores logran comprobar que sí solicitaron licencia sin goce de sueldo y no incurrieron en cobros indebidos. En otros, la omisión lleva a que se les exija la devolución del dinero y, dependiendo del caso, se inicia un procedimiento legal.
Finalmente, Bardales Ramírez reiteró que ningún servidor público debe cobrar un sueldo sin realizar su trabajo, independientemente de lo que opinen los sindicatos u otras instituciones públicas.
BERE GAMBOA
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