En Hidalgo, el discurso de los derechos humanos no se quedó en el papel. Esta semana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo encendió una alerta institucional que no es menor: emitió una recomendación formal por violaciones graves a derechos humanos cometidas por el alcalde de Epazoyucan contra cuatro regidoras del Ayuntamiento.
El mensaje es claro y poderoso: en el servicio público no caben el machismo, la discriminación ni los abusos de poder. Y aquí hay algo que vale la pena subrayar: las instituciones sí están funcionando como contrapeso.
El Congreso del Estado de Hidalgo no se hizo de la vista gorda, pidió investigar… y la investigación caminó hasta llegar a una recomendación sólida, documentada y con dientes.
No fue un malentendido: fue violencia política de género
La investigación acreditó violencia política por razón de género, discriminación y tratos degradantes.
No es un tema de “percepción” ni de “malos entendidos”: hubo descalificaciones públicas, hostigamiento institucional y un ambiente de violencia simbólica contra mujeres que ejercían cargos públicos.
Discriminación por discapacidad y castigo por ser madre
Uno de los puntos más graves fue la discriminación por discapacidad, cuando se cuestionó la capacidad de una regidora por tener discapacidad visual. Eso es violatorio de derechos humanos, sin matices.
A esto se suma un acto que prende focos rojos: a otra regidora se le impidió rendir protesta por estar en puerperio. Es decir, ser madre fue tratado como un obstáculo político.
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El Estado no se quedó mirando: activó la maquinaria institucional
Hay que decirlo: Hidalgo está mostrando músculo institucional. La recomendación no es decorativa. Incluye:
- Reparación integral del daño para las víctimas.
- Capacitación obligatoria en derechos humanos para el Ayuntamiento.
- Procedimientos de responsabilidad contra el alcalde.
- Seguimiento de alto nivel desde el Congreso.
- Intervención de órganos de control y autoridades electorales.
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