Un conflicto legal por la posesión de terrenos y una vivienda en el municipio de Pachuca escala a niveles críticos debido a denuncias de presunto fraude, despojo y amenazas de muerte contra un ejidatario.
Sergio Loreto Hernández Gonzalvo, el denunciante, señala directamente a Pablo Elías Vargas González y a quien responde bajo el nombre de María N como los supuestos responsables de encabezar una red de venta ilegal de terrenos con documentación falsa. Esta disputa territorial afecta una extensión aproximada de 21,000 metros cuadrados ubicados en la colonia Ampliación El Palmar.
Irregularidades, fraude y abuso de confianza
La problemática inició bajo un esquema de abuso de confianza que involucra vínculos familiares, ya que una de las señaladas es sobrina del afectado.
Según el testimonio de Hernández Gonzalvo, los acusados aprovecharon el fallecimiento de su hermano durante la pandemia para apoderarse de un inmueble que no les pertenece y en el cual habitan actualmente sin pagar renta ni poseer títulos legales.
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Además de la ocupación ilícita de la vivienda, los señalados presuntamente lucran con la necesidad de ciudadanos de buena fe al venderles parcelas de manera fraudulenta.
El proceso legal ya cuenta con una carpeta de investigación abierta y ha derivado en actuaciones judiciales recientes. Según narra la víctima durante el cumplimiento de una orden de cateo dictada por un juez de control, los ocupantes intentaron impedir el acceso de las autoridades. Además los acusados difundieron material audiovisual alegando agresiones, aunque los registros oficiales indican que el operativo se realizó bajo los protocolos correspondientes.
Inseguridad y el papel de funcionarios públicos
La tensión aumenta ante la participación de Pablo Elías Vargas González, quien trabajaría como director general de El Colegio del Estado de Hidalgo.
El afectado denuncia que Vargas González utiliza su posición política para desestimar a las instituciones. Mientras tanto, el ejidatario y su esposa viven bajo vigilancia constante y temen por su integridad física ante posibles represalias de personas violentas vinculadas a los ocupantes.
Actualmente, las víctimas esperan nuevas audiencias judiciales para resolver la situación de despojo en dicha zona.
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