Sofía Villanueva Martínez, una mujer de 90 años originaria de Jacala de Ledezma y su hija, se trasladaron este miércoles a la capital del estado para manifestarse ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Denuncian la falta de avances en una carpeta de investigación por el despojo violento de su vivienda, presuntamente orquestado por la expareja de su hijo fallecido.
El despojo: Aprovecharon un rito funerario
De acuerdo con los testimonios de los familiares, los hechos ocurrieron hace aproximadamente seis meses. Mientras la familia se encontraba realizando la ceremonia religiosa de la “levantada de cruz” tras el fallecimiento del hijo de la señora Sofía, una mujer identificada como Cruz C. M. , quien fuera pareja del occiso, tomó posesión del inmueble.
Al regresar a la vivienda, la víctima y sus familiares descubrieron que las cerraduras habían sido cambiadas. Según narraron, la presunta agresora, apoyada por su propia hija y elementos de la Policía Municipal de Jacala, sacó a la señora Sofía de forma violenta, impidiéndole el acceso a su propiedad desde entonces.
Situación legal de la propiedad
Irene, hija de la afectada, subrayó que no existe ningún lazo legal que otorgue derechos a la ocupante sobre el inmueble, ya que Cruz no estuvo casada con el hijo de la víctima, no procrearon hijos en común y no existe ningún otro vínculo jurídico que la avale. La señora Sofía Villanueva Martínez posee las escrituras originales y todos los documentos legales que la acreditan como la única y legítima dueña de la propiedad.
“Mi madre es una persona de 90 años, tiene problemas auditivos y es injusto que esté viviendo en otro lado cuando ella tiene su propia casa“, señaló.
Omisión de autoridades locales y respuesta estatal
A pesar de que interpusieron la denuncia correspondiente en el municipio de Jacala hace medio año, las víctimas acusan a las autoridades locales de omisión y señalan que no presentan avances sustanciales. Esta inacción los obligó a viajar a Pachuca para buscar la intervención del estado.
En las instalaciones de la PGJEH, el subprocurador Iram González Pérez recibió a la comisión, se comprometió a revisar el expediente y solicitó un plazo de 20 días para ofrecer una resolución concreta al caso, lo que devolvió una esperanza parcial a la familia.
Finalmente, los afectados hicieron un llamado público al gobernador Julio Menchaca Salazar, solicitando su intervención para garantizar que el proceso sea transparente y se restituya el hogar a la señora Sofía, apelando a su vulnerabilidad como persona de la tercera edad.
La familia mantiene, por ahora, un voto de confianza en la promesa de la Procuraduría, pero advierte que seguirá alzando la voz hasta recuperar la propiedad.
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