Denuncian desaparición de restos en panteón San Miguel de Tulancingo
Actualmente son ocho las cámaras de videovigilancia que hay en este camposanto
La desaparición de restos humanos de un guarda-restos del Panteón Municipal San Miguel de Tulancingo generó una denuncia ante autoridades ministeriales y un reclamo de la familia afectada, que exige esclarecer quién retiró los restos, dónde se encuentran y bajo qué circunstancias fueron extraídos.
Postura del Gobierno Municipal
Al respecto, en un comunicado, el Gobierno Municipal informó que el caso se originó a partir del reporte presentado el pasado 2 de agosto por una persona que manifestó la ausencia de restos áridos de sus familiares. Ante ello, la Dirección de Panteones Municipales presentó una denuncia ante la autoridad ministerial competente para que se investiguen los hechos y, en su caso, se determinen responsabilidades.
La administración municipal manifestó su solidaridad con la familia y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, puntualizó que ha cumplido con los procedimientos administrativos que le corresponden y deslindó a la actual administración de posibles irregularidades u omisiones de gobiernos anteriores.
“La presente administración ha dado cumplimiento puntual a los procedimientos administrativos que legalmente le corresponden, sin que ello implique asumir responsabilidad por posibles irregularidades u omisiones originadas en administraciones anteriores”, señaló el gobierno local.
Medidas anunciadas
Como parte de las medidas anunciadas, la Dirección de Panteones reforzará la regularización administrativa de los espacios de inhumación, además de las acciones de vigilancia y el cumplimiento de los horarios de acceso. Actualmente, el cementerio cuenta con ocho cámaras de videovigilancia.
El municipio también recordó que el mantenimiento de capillas, nichos, guarda-restos y fosas corresponde a quienes tienen el derecho de uso, al igual que el pago anual establecido en la Ley de Ingresos.
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Cifras del panteón
De acuerdo con las cifras proporcionadas, el Panteón San Miguel cuenta con 65 guarda-restos de la nueva sección, 696 de la sección anterior, 462 nichos correspondientes al primer y segundo columbario, y 6 mil 702 tumbas, para un total de 7 mil 925 espacios en estas categorías.
El gobierno municipal señaló que aproximadamente 70% de los espacios presentan alguna situación administrativa susceptible de regularización. Entre los problemas figuran falta de actualización de datos, documentación incompleta o refrendos pendientes. Ese porcentaje aplicado al total representa unos 5 mil 548 espacios con algún pendiente administrativo.
La versión de la familia
La parte afectada sostiene una versión distinta y afirma que los restos de su hermano y su abuela fueron retirados del guarda-restos sin autorización. De acuerdo con su denuncia, se habría cometido una “exhumación ilegal, apropiación indebida y desaparición de restos humanos”.
La familia asegura que el espacio se encontraba amparado por un derecho de uso y que no recibió notificación previa sobre una eventual exhumación:
“El espacio fue completamente vaciado y limpiado, sin que se nos haya notificado previamente en forma alguna”, señala el escrito.
Cronología de los hechos según la familia
La persona afectada refiere que el 2 de agosto de 2026, alrededor de las 13:30 horas, acudió al guarda-restos y constató que los restos ya no se encontraban ahí. Afirma que desconoce cuándo fueron retirados y que los días 2 y 3 de agosto intentó formalizar el reclamo y la denuncia, pero, según su versión, recibió evasivas y negativas para levantar escritos.
El sitio señalado se encuentra en la sección última del Panteón San Miguel, en la parte trasera del sitio, junto a uno de los accesos laterales. La familia identifica el espacio como guarda-restos nuevo 1, letra C, y sostiene que cuenta con un título expedido por el Ayuntamiento de Tulancingo.
Exigencias de la familia
Entre sus principales exigencias se encuentra que la investigación determine a los responsables, se establezca la ubicación exacta de los restos y estos sean restituidos al lugar donde se encontraban originalmente.
La familia demanda que la identificación de los restos y las diligencias correspondientes sean cubiertas por quien resulte responsable. Solicita que cualquier estudio de laboratorio sea supervisado. De esta forma, garantizarán que los restos entregados correspondan efectivamente a sus familiares.
“No queremos que nos entreguen algo que no es”, manifestó la parte afectada. Planteó además la necesidad de una tercera opinión o instancia de verificación. Esto aplicaría en caso de existir discrepancias sobre la identificación.
Posturas encontradas
El gobierno municipal sostiene que corresponde a la autoridad competente investigar y determinar responsabilidades. La familia, en cambio, exige que el caso avance con celeridad. De comprobarse algún delito, piden que se aplique la sanción correspondiente a quienes resulten responsables.
El caso coloca bajo escrutinio las condiciones administrativas y de vigilancia del Panteón Municipal San Miguel. Esto cobra relevancia ante el dato oficial de que unos 5 mil 548 de sus 7 mil 925 espacios presentan irregularidades. Será la investigación ministerial la que determine qué ocurrió con los restos. También definirá si existieron responsabilidades administrativas o penales.
ENRIQUE GUTIÉRREZ
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