Tras el anuncio del gobierno estatal sobre el incremento “inevitable” a la tarifa del transporte público, la reacción ciudadana no se ha hecho esperar.
Un sondeo realizado entre usuarios del sistema colectivo en el centro de la capital hidalguense reveló un profundo malestar, donde la exigencia de un servicio digno supera la resignación por el golpe al bolsillo.
Una negociación condicionada
A pesar de que transportistas buscan elevar el costo a $12.50 pesos, los pasajeros fueron tajantes: la mayoría solo aceptaría pagar un peso extra o, como límite máximo, dos pesos, lo que dejaría la tarifa en $12.00 pesos.
Sin embargo, esta disposición no es un cheque en blanco; los usuarios condicionan cualquier aumento a una transformación radical del servicio.
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Las quejas principales se concentran en dos ejes críticos que afectan directamente la calidad del servicio: el estado físico de las unidades, que suelen encontrarse sucias, descuidadas y en algunos casos mecánicamente peligrosas; y la educación vial, marcada por la falta de pericia y cortesía de algunos conductores hacia los usuarios y otros automovilistas.
El dedo en la llaga: Los concesionarios
La voz colectiva señala que la raíz del problema no son solo los choferes, sino los concesionarios. Según los testimonios, los dueños de las placas imponen cuotas y tiempos de recorrido extenuantes que obligan a los conductores a manejar con imprudencia.
“Pareciera que les dicen ‘dale hasta que truene’, y cuando truena es porque ya ocurrió un accidente“, denunció uno de los sondeados.
La ciudadanía exige que el primer filtro de sanciones sea para quienes lucran con las concesiones sin invertir en el mantenimiento.
Para los hidalguenses, pagar más por las mismas unidades deterioradas no es una opción viable, sino un atropello a su seguridad y economía diaria.
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