La evaluación del padrón de proveedores y contratistas del estado de Hidalgo continúa como parte de la estrategia para fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas. Durante conferencia de prensa, el contralor estatal, Álvaro Bardales, afirmó que este mecanismo funciona como una herramienta para prevenir la corrupción antes de que ocurra, al garantizar que únicamente las empresas que cumplen con la ley puedan contratar con el gobierno.
En ese sentido, explicó que durante el proceso de actualización la dependencia ha revisado 9 mil 303 procedimientos de contratación, además de registrar 14 mil 614 actos públicos de licitación y verificar 107 mil reportes de actividades realizadas por empresas que mantienen relación con la administración estatal.
Como resultado de esta revisión, la Contraloría dio de baja 6 mil 895 empresas del padrón por incumplir con la normatividad vigente. De ese total, mil 656 correspondieron a proveedores que no acreditaron un domicilio o no respondieron a los requerimientos para presentar su constancia de situación fiscal.
Asimismo, 575 contratistas incumplieron con las obligaciones relacionadas con las actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas. Además, otros 4 mil 668 registros perdieron su vigencia porque las empresas no demostraron que continúan operando o que mantienen interés en contratar con el gobierno estatal. Bardales señaló que incluso existían compañías con entre 15 y 20 años inscritas en el padrón sin registrar actividad ni contratos.
Además, la Contraloría sancionó 113 registros de proveedores y contratistas, algunos de los cuales recibieron inhabilitaciones. De acuerdo con el funcionario, el objetivo consiste en mantener un padrón integrado únicamente por empresas reconocidas, íntegras y que cumplan con la normatividad.
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Contraloría mantiene denuncias y vigilancia sobre la obra pública
Por otra parte, Álvaro Bardales informó que la Contraloría del estado ha presentado 30 denuncias por delitos relacionados con la ejecución de obra pública, como parte de las acciones de vigilancia que mantiene en coordinación con otras instancias.
El funcionario detalló que actualmente existen 95 denuncias vinculadas con distintos proyectos. De ellas, 18 corresponden a obras públicas, ocho a carreteras, tres a tanques de almacenamiento de agua, tres a redes eléctricas, además de un parque de diversiones, una planta de tratamiento, un pozo de agua y un hospital, entre otros casos.
Bardales explicó que las constructoras enfrentan consecuencias cuando incumplen con los trabajos contratados. Aunque reconoció que algunos daños pueden originarse por condiciones climáticas, precisó que, cuando las fallas resultan atribuibles a la empresa responsable, la Contraloría puede hacer efectivas las garantías, las cuales tienen una vigencia de hasta un año.
Finalmente, destacó que cada año se ejecutan más de 3 mil 700 obras públicas en Hidalgo. Para supervisarlas, la dependencia cuenta con el respaldo de más de 30 mil ciudadanos que integran los comités de contraloría social, quienes participan en la vigilancia de los proyectos y reportan cualquier irregularidad detectada.
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