Miembros del colectivo Mercaditas Las Insurgentas y víctimas de violencia vicaría se manifestaron a las afueras de los juzgados penales ubicados sobre el bulevar Minero.
Las participantes exigieron justicia para mujeres que, aseguran, llevan años sin recibir respuesta por parte de las autoridades judiciales, a quienes acusan de corrupción y de favorecer a los agresores.
El colectivo reportó al menos 30 casos activos de violencia vicaría en los que brindan acompañamiento a mujeres afectadas.
Entre pancartas y consignas como “Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los hijos con la ayuda de los jueces” y “Nuestros hijos se vuelven huérfanos de una madre viva”, las manifestantes señalaron a los jueces de otorgar custodias a los padres agresores, incluso cuando existen pruebas en su contra.
“La justicia protege a los violentadores”
Las mujeres denunciaron que en Hidalgo existen cerca de 300 hombres deudores alimentarios, además de agresores y presuntos feminicidas en libertad.
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Afirmaron que los procesos judiciales contra ellos avanzan con lentitud, mientras que cuando una mujer enfrenta una acusación, los jueces las vinculan de inmediato, incluso sin pruebas sólidas.
También acusaron como los agresores manipulan a los hijos para ponerlos en contra de sus madres, lo que prolonga el sufrimiento de las víctimas. “No solo nos arrebatan a nuestros hijos, también los usan para dañarnos más”, expresaron durante la manifestación.
Casos que ejemplifican la impunidad
Las manifestantes destacaron el caso de Gabriela Esparza, quien enfrenta un proceso judicial por una pensión alimenticia que hasta el momento acumula más de 180 mil pesos. La víctima señaló al juez Jesús Amin Ope Islas, quien también vínculo a proceso a William N en el Caso Zimapán, aunque este último aún continúa en libertad.
El juez anteriormente mencionado fue el encargado de procesar a Fernanda Remes Oropeza, recluida actualmente, a quien su familia y el colectivo también señalan como víctima de violencia vicaría.
Las participantes aseguraron que continuarán manifestándose hasta que las autoridades escuchen sus demandas y garanticen procesos justos tanto para las madres como para sus hijos.
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