Hidalgo

Corrupción y abuso de poder: el turbio caso de Percy L. E. B.

El escandaloso caso Percy L. E. B. estalla de nuevo. Ahora lo vinculan a proceso por malversar dinero público. Pero, espera, ¿no teníamos pendiente el tema de abuso sexual?

La situación legal de Percy L. E. B. es compleja, ya que enfrenta dos investigaciones penales separadas por hechos muy distintos. Es importante entender cada una para tener una visión completa del caso Percy L. E. B.

1. El frente de la corrupción: Distracción de recursos públicos

Recientemente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo formuló una imputación en su contra. Se le acusa formalmente de los delitos de distracción de recursos públicos y peculado. En palabras simples, la fiscalía alega que, aprovechando su cargo sindical, desvió dinero que pertenecía al municipio de Pachuca de Soto para su propio beneficio. Debido a la gravedad de estos cargos, un juez decretó prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso.

La persona imputada se acogió al plazo constitucional de 144 horas para que sea definida su situación jurídica, por lo que se programó audiencia para las 10:00 horas del miércoles 3 de diciembre del año en curso.

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2. El frente del abuso sexual: Una acusación anterior

Esta no es la primera vez que Percy L. E. B. llega a los titulares. Unos meses antes, específicamente a finales de junio, otro juez ya lo había vinculado a proceso por un delito completamente diferente: abuso sexual agravado. Según los expedientes, los hechos habrían ocurrido en abril de 2024.

Esta parte del caso Percy L. E. B. es particularmente delicada. La denuncia fue interpuesta por una mujer que era subordinada del imputado en el ámbito laboral. Ella relató a las autoridades que fue víctima de tocamientos íntimos sin su consentimiento, además de sufrir agresiones verbales de índole sexual. Tras una audiencia que se extendió hasta la madrugada, el juez determinó que existían elementos suficientes para procesarlo. Sin embargo, en esta ocasión la medida cautelar fue diferente: prisión preventiva oficiosa, lo que significa que no fue recluido en un centro penitenciario, sino que se le ordenó resguardo domiciliario.

La respuesta de la justicia: Un contraste llamativo

Este es un punto que ha generado mucho debate público. Podemos observar un marcado contraste en las medidas cautelares ordenadas por los jueces en uno y otro caso:

  • Por los presuntos delitos de corrupción (desvío de dinero), se le decretó prisión preventiva en un penal.
  • Por la acusación de abuso sexual agravado, se le permitió el resguardo en su domicilio.

Esta diferencia en el tratamiento judicial, dictada por distintos jueces basándose en sus propias valoraciones, ha llevado a muchos a cuestionar la coherencia del sistema y la prioridad que se le da a cada tipo de delito.

MIRELY I. ENRÍQUEZ

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