Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría, inició la semana con un recuento directo y sin rodeos ante el Congreso durante su comparecencia.
Colocó en primer plano la lucha contra la corrupción y los desvíos que afectaron a prácticamente todas las áreas del sector público durante años.
El titular reportó un acumulado en desvíos de recursos públicos por más de 2,400 millones de pesos, aunque ya se recuperaron cerca de 500 millones. El área realizó 95 denuncias penales ligadas a estos casos y detectó a 25 servidores públicos como responsables directos, entre los involucrados también aparecieron 10 alcaldes.
Irregularidades generalizadas
Bardales detalló que las investigaciones identificaron anomalías en constructoras, empresas fantasma, aviadores, duplicidad de plazas, arrendamientos con costos excesivos y más.
En el padrón de proveedores, la Contraloría canceló 98 registros por cinco años y dio de baja 1,207 más por incumplir la norma. Por otra parte en el padrón de contratistas, el equipo priorizó empresas locales y eliminó 571 registros. Aun así, solo la mitad de las obras logró formalizarse bajo las reglas actuales.
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La revisión de obra pública mostró el foco rojo más grande ya que Bardales reportó más de 10 mil obras públicas con irregulares.
En tres años, el gobierno formalizó 14,535 proyectos, y además recalcó como la ausencia de un laboratorio de inspección impidió verificar que las obras cumplieran estándares técnicos en administraciones anteriores.
Entre los proyectos de alto costo con poca funcionalidad, Bardales señaló el puente atirantado y el Hospital General de Pachuca, el primero con un proceso de responsabilidad administrativa en curso.
El tema de aviadores y dobles plazas también quedó expuesto: 700 servidores públicos siguen sin dictamen de compatibilidad de plazas, además de casos donde el sueldo asignado no corresponde con las funciones reales.
Pendientes y ruta hacia el cuarto informe
Álvaro Bardales destacó que el ajuste en arrendamientos e inmuebles permitió un ahorro anual de 32 millones de pesos, entre recortes de renta y disminución de gastos en laboratorios externos.
De cara al cuarto informe, Bardales enumeró la agenda pendiente: actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia, transformación del marco jurídico, implementación de un solo sistema Declaranet, simplificación administrativa y fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
También subrayó las acciones en marcha en contra de la corrupción: comunicación más sólida, capacitación continua y orientación directa a las dependencias.
Con este balance, la Contraloría delineó un cierre de año cargado de retos, pero también con pasos firmes para desmantelar viejas prácticas y ordenar la operación interna del gobierno.
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