Paralizado por amparos, así está el proceso penal contra el directivo de una primaria de Tizayuca por abuso sexual agravado a un menor de edad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) reveló a Subrayado que, aunque el caso continúa activo, estos mecanismos judiciales han retrasado significativamente su avance.
Un proceso marcado por recursos legales
De acuerdo con la información oficial, el caso comenzó a tomar forma legal el 4 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público logró la vinculación a proceso del imputado, identificado como R. C. B.
Sin embargo, en ese momento la autoridad judicial no pudo imponer medidas cautelares debido a que el acusado contaba con una suspensión derivada de un juicio de amparo. Este ha sido solo el primero de varios obstáculos legales que han dilatado el acceso a la justicia para la víctima.
La estrategia de la defensa y los retrasos en el juicio
La defensa del señalado promovió un segundo juicio de amparo en contra de la vinculación a proceso, el cual recibió sentencia el 22 de septiembre de 2025.
A pesar de estos movimientos, la Procuraduría logró presentar la acusación formal el 26 de septiembre; no obstante, apenas cuatro días después, el abogado del imputado volvió a promover un nuevo amparo, esta vez para impugnar la prórroga del tiempo de investigación.
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Medidas cautelares y el estatus del imputado
La situación se volvió aún más lenta en octubre de 2025, cuando la defensa interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del 22 de septiembre de 2025 dictada por el Juez Tercero de Distrito, que todavía se encuentra pendiente de ser radicado. Estos constantes amparos han sido el motivo central por el cual el proceso penal se ha postergado.
No fue sino hasta el 12 de diciembre de 2025 cuando se logró un avance significativo en la protección de la comunidad escolar: la autoridad impuso como medida cautelar la suspensión temporal de R. C. B de cualquier actividad docente mientras dure el juicio.
Respuesta a las acusaciones contra funcionarios
Respecto a los señalamientos del padre de familia contra el subprocurador Iram González Pérez, a quien acusó de ocultar la investigación y obstaculizar el proceso, la Procuraduría sostuvo que la carpeta tiene avances tangibles, sin embargo, los diversos amparos por parte de la defensa del director han postergado el proceso penal.
Ante las quejas por el actuar de los funcionarios, la institución confirmó que se ha dado vista a la Visitaduría General para que investigue cualquier irregularidad.
Asimismo, la dependencia reiteró que la familia está en su derecho de denunciar ante las instancias correspondientes cualquier actuación que consideren inadecuada por parte de las autoridades.
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