Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo informó que la dependencia avanza en la dictaminación del incremento a la tarifa del transporte público, misma que continúa pendiente desde el 2025 que se anunció.
Por otro lado aclaró que la petición de algunos taxistas para fijar una tarifa mínima de 55 pesos no determina la decisión oficial. Señaló que algunos líderes o representantes de grupos de transportistas difunden los porcentajes que pretenden obtener; sin embargo, puntualizó que esas propuestas no significan que el Estado las vaya a conceder.
Indicó que la dependencia no definirá porcentajes de incremento ni fechas para evitar especulaciones y que informará oportunamente cuando concluya el proceso.
Análisis técnico y equilibrio económico
Robles detalló que la revisión considera los elementos que establece la ley y busca un equilibrio para no afectar la economía de las familias hidalguenses. Recordó que la tarifa no se ha regulado ni incrementado desde hace más de tres o cuatro años, por lo que realizan un análisis con cautela.
La dependencia analiza documentación y pruebas que los transportistas presentan para sustentar sus solicitudes de incremento, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada región del estado.
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Una vez que se dé el aumento a la tarifa, la secretaria afirmó que lo condicionarán a la mejora en la prestación del servicio. Señaló que la ley ya regula la forma en que deben operar las unidades, pero reconoció que no todas las personas concesionarias y conductoras cumplen con lo establecido.
Indicó que exigirán unidades en mejores condiciones y un trato digno a las personas usuarias.
Operativos y sanciones en todo el estado
Sobre las sanciones, informó que la dependencia mantiene operativos permanentes de vigilancia y supervisión en todo el estado, incluido el esquema de Transporte Seguro en la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma. Explicó que las sanciones varían según la infracción y pueden aplicarse tanto a conductores como a concesionarios.
Robles Gutiérrez detalló que han aplicado multas, apercibimientos y abierto expedientes de revocación de concesión. También reportó una suspensión temporal del servicio por aproximadamente 90 días. Subrayó que para sancionar se requiere flagrancia o la presentación de una queja formal que permita iniciar el procedimiento administrativo.
La secretaria llamó a las personas usuarias a presentar quejas por los medios correspondientes para que la autoridad pueda actuar. Tan solo del 1 de enero al 22 de febrero de 2026, la dependencia recibió 22 quejas en todo el estado de Hidalgo, de ese total, dos concluyeron y 20 continúan en proceso.
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