En el primer año de la actual administración se cancelaron 80 contratos con proveedores y contratistas que no cumplieron con las disposiciones normativas, de las cuales al menos 10 se denunciaron por ser empresas fantasmas y estar ligadas a la Estafa Siniestra, así lo informó el titular de la Secretaría de Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez.
Además del rezago de los siete mil 900 registros se revalidaron dos mio 019 y se revisaron 919 expedientes para corroborar la veracidad de domicilios fiscales y facturas.
Subrayó que se brindaron más de dos mil asesorías en trámites de padrón de proveedores y contratistas.
Asimismo, explicó que revisaron los recursos extraordinarios mediante el cual se interpusieron 29 denuncias penales por desvíos de recursos, peculado, entre otros delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
De lo anterior, Álvaro Bardales señaló que actualmente se cuentran con 41 denununcias contra proveedores y servidores públicos de siete dependencias, tres organismos y 10 municipios, por un daño de dos mil 200 millones de pesos.
Desglosó que también existen 19 denuncias en algunas dependencias estatales en las que destacan siete en la Secretaría de Contraloría, siete más en la Oficilia Mayor.
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En el mismo tenor, fueron destituidos ocho presidentes municipales, los cuales se encuentran vinculado a proceso, cinco de ellos en prisión preventiva justificada, dos siguen su proceso de libertad, sin ocupar el cargo y uno más se encuentra desaparecido.
Bienes y donaciones revertidos
En relación a este rubro, aclaró que se han recuperado al momento por la vía legal dos bienes: las canchas de tennis y la que pertenecía a la Asociación Milka Lumbardi.
De los bienes del exgobernador, Omar Fayad Meneses, Bardales Ramírez aseguró que revisaron los papeles de sus propiedades y no encontraron nada que se pudiera fincarle una situación de responsabilidades y todas ellas pertenecían a su familia.
Declaración Patrimoniales
De manera histórica se cumplió un 99 por ciento en el que 83 mil 798 servidores públicos que forman parte del Poder Ejecutivo transparentaron su información patrimonial en tiempo y forma.
Se radicaron 493 expedientes por el incumplimiento a esta obligación legal, los cuales se encuentran bajo etapa de investigación y se realizan las indagatorias para sus sanciones.
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