La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) reveló cifras que exponen el acceso a la justicia para los animales durante el 2025. Según datos que la dependencia proporcionó a Subrayado, el Ministerio Público judicializó apenas 24 de las 251 carpetas de investigación que inició por delitos contra animales en la entidad.
Este balance arroja que el 90.5% de las denuncias terminó fuera de los juzgados, ya sea por falta de evidencias o por decisiones de cierre definitivo tomadas por la autoridad ministerial.
La incidencia de estos delitos se concentra principalmente en cinco demarcaciones. Los municipios que destacan son Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Huejutla y Tulancingo. A pesar de que estos ayuntamientos presentan la mayor actividad de casos, el sistema de justicia aún no logra procesar a la mayoría de los responsables en estas regiones.
El laberinto del archivo y el cierre de casos
El reporte oficial detalla que la autoridad envió 102 expedientes al archivo temporal. En estos casos, la investigación permanece en pausa debido a que los agentes no identificaron a los responsables o carecen de elementos suficientes para proceder.
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Aún más drástica resulta la cifra de los “No ejercicios de la acción penal”, que suman 118 casos. En este rubro, la Procuraduría determinó el cierre total y definitivo de las carpetas al considerar que los hechos no constituían un delito o que la responsabilidad legal de los acusados ya expiró. La suma de estos dos rubros revela que la gran mayoría de las denuncias ciudadanas se pierden en el proceso administrativo antes de ver a un juez.
Órdenes de aprehensión: una tarea pendiente
Incluso en los escenarios de mayor crueldad, la captura de los agresores enfrenta obstáculos críticos. Durante el periodo reportado, la PGJEH solicitó únicamente 7 órdenes de aprehensión ante los jueces correspondientes; sin embargo, solo se autorizaron 2.
La enorme brecha entre las 251 investigaciones abiertas y las escasas 2 órdenes de captura cumplidas subraya la urgencia de edurecer las penas del delito contra la vida, integridad y dignidad de los animales en el estado.
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