Donald Trump firmó el 19 de mayo una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos” que impone obligaciones de vigilancia a bancos y entidades financieras respecto al estatus migratorio de sus clientes.
La orden instruye al Departamento del Tesoro emitir en un plazo de 60 días una guía formal para instituciones financieras sobre riesgos asociados con personas sin autorización laboral y sus empleadores. También ordena proponer cambios regulatorios en 90 días para fortalecer los requisitos de debida diligencia de clientes bajo la Ley de Secreto Bancario.
“Las instituciones financieras deberán mantener la facultad de solicitar información adicional cuando existan indicadores de riesgo o preocupaciones regulatorias, incluida información relacionada con estatus migratorio legal y autorización de empleo en Estados Unidos.”
La orden pide a los bancos evaluar con atención riesgos al otorgar cuentas, préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas o créditos automotrices a personas sin estatus migratorio.
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El documento contempla que el Buró de Protección Financiera del Consumidor considere si:
“la posible deportación y pérdida de ingresos pueden ser factores que afecten la capacidad de pago de una persona sin autorización laboral al solicitar crédito”.
La orden instruye al Departamento del Tesoro señalar riesgos asociados con transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños que coincidan con ciclos de nómina.
Aunque el documento no menciona explícitamente la palabra “remesas”, sus disposiciones apuntan al dinero que millones de migrantes envían a sus familias.
La Casa Blanca argumentó que estas revisiones buscan combatir operaciones financieras ilícitas, incluidas redes de lavado de dinero, trata de personas, evasión fiscal y financiamiento de actividades criminales, así como “actividades financieras vinculadas con redes de fentanilo relacionadas con cárteles con base en México”.
Críticos advierten que estos cambios podrían dificultar el acceso de migrantes al sistema bancario y empujar a más personas a operar fuera de bancos regulados. Organizaciones defensoras de migrantes y especialistas financieros temen que la revisión migratoria genere más población no bancarizada.
El alcance de la medida dependerá de las reglas y guías que emitan el Departamento del Tesoro y los reguladores financieros en los próximos meses.
ARIEL HERNÁNDEZ
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