La extorsión se volvió parte del día a día de miles de personas, pero eso podría cambiar pronto, pues el Senado está por votar una propuesta que, ahora sí, manda un mensaje fuerte y claro a quienes viven de intimidar, amenazar y abusar de la gente trabajadora: penas de hasta 42 años de cárcel a extorsionadores. Así es, cuatro décadas. La idea es que estos delincuentes no vuelvan a salir anticipadamente y que dejen de vernos la cara.
La propuesta contempla un castigo de mínimo 15 y máximo 25 años por extorsión, pero con agravantes que pueden subir la pena hasta 42 años en casos donde haya armas, afectación a comunidades completas o cuando se use la violencia para cobrar daños en accidentes —sí, los tristemente famosos montachoques—.
También se endurecen las sanciones para quienes extorsionan desde prisión, usan menores de edad, dañan negocios o buscan frenar la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos.
Si pasa la votación, será un paso enorme para que, por fin, la justicia deje de ser un sueño y se convierta en realidad. Porque ya estuvo bueno: todos merecemos vivir sin miedo.
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Y claro, falta ver si la propuesta avanza, pero tan solo escuchar que se están poniendo serios con el tema ya da un respiro. Por lo menos, por fin se está hablando de castigos que realmente inhiben y no de esos que se sienten más como una palmada en la muñeca. La gente quiere vivir tranquila y el Senado, al menos esta vez, parece haber escuchado.
Lo más importante es que estas medidas no solo buscan sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje a quienes creen que extorsionar es negocio fácil. Si la propuesta se aprueba, cada llamada, cada amenaza y cada abuso podría costarles décadas tras las rejas. Y con eso, quizá, empezamos a recuperar algo que parece un lujo últimamente: la tranquilidad.
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