En juzgados de Estados Unidos, gigantes como Meta y TikTok enfrentan su mayor batalla legal: familias, distritos escolares y gobiernos los acusan de diseñar plataformas que enganchan a menores y los exponen a depresión, trastornos alimentarios y riesgos sexuales.
El paralelo que flota en la sala es incómodo: como las tabacaleras y las farmacéuticas, que durante años negaron el daño de sus productos. Ahora, los tribunales piden cuentas. Aquí no se juzga un post: se juzga un modelo de negocio.
Los juicios ya caminan y traen nombres propios
En Los Ángeles, un caso “de prueba” pone frente al jurado a YouTube y Meta por presunta adicción deliberada en adolescentes. Mark Zuckerberg compareció, defendiendo que la empresa restringe a menores de 13 y persigue cuentas que mienten su edad; los demandantes responden que el diseño mismo empuja a quedarse.
En Nuevo México, el fiscal general Raúl Torrez acusa a Meta de fallar en proteger a niños de la explotación sexual y exige verificación de edad real, cambios en algoritmos y más control a la mensajería cifrada.
La fiscalía fue directa: el crecimiento y el engagement pesaron más que la seguridad.
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Lo que se decida aquí puede cambiar internet para siempre. Si los jueces y jurados avanzan, se pondrán a prueba protecciones legales históricas como la Primera Enmienda y la Sección 230 que blindan a las plataformas por el contenido de terceros.
El golpe no sería solo jurídico: honorarios millonarios, acuerdos extrajudiciales, cambios forzados en diseño, posible pérdida de usuarios e ingresos publicitarios. Las empresas insisten en que no hay consenso científico sobre “adicción” digital (ni siquiera es un diagnóstico formal), pero padres, escuelas y legisladores ya no compran la calma corporativa.
La pregunta ya no es si habrá cambios. Es quién los paga y cuándo.
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