Un Tribunal Colegiado de Apelación vinculó a proceso penal contra Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de Rosario Robles por un contrato ilegal con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) por los delitos de uso de atribuciones y facultades por más de 203 millones de pesos.
Las investigaciones están relacionadas con el desvío de recursos en las extintas secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
El Tribunal Colegiado de Apelación determinó iniciar el juicio al analizar un recurso presentado por el Ministerio Público contra la no vinculación a proceso ordenada por el juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México.
El juzgador concideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) carecían de elementos suficientes para iniciar el juicio contra el ex jefe de oficina de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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“La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), logró la vinculación a proceso en contra de Ramón “S”, luego de que esta FGR interpusiera el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que un Juez de Control le había concedido a esta persona en febrero de 2023, por su probable responsabilidad en el delito de uso de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217 fracción I inciso D), del Código Penal Federal”, informó la FGR.
Ramón Sosamontes y RTH
Según las investigaciones de la FGR, Ramón Sosamontes realizó un contrato irregular con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) por más de 203 millones de pesos.
“Lo anterior, por hechos consistentes en que el citado imputado presuntamente contrató indebidamente servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 203 millones 477 mil 367.63 pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación”.
ARIEL HERNÁNDEZ
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