Ante un tribunal federal en Manhattan, Nicolás Maduro no habló como un hombre procesado, sino como un jefe de Estado capturado.
El lunes, al declararse no culpable de cargos por narcoterrorismo, insistió en una idea que busca reordenar el relato completo de su detención: no es un criminal común, es un “prisionero de guerra”.
Frase con estrategia
La frase no fue casual. Con ella, Maduro intentó desmontar la versión oficial de Washington de que su captura fue una operación de aplicación de la ley.
Según su lectura, lo ocurrido fue una acción militar encubierta, una incursión armada en territorio venezolano que lo arrancó de su residencia y lo trasladó a Estados Unidos.
El mensaje estaba dirigido tanto al juez como al mundo.
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Maduro enfrenta acusaciones por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, pero durante la audiencia se presentó como el presidente legítimo de Venezuela y afirmó haber sido “secuestrado”.
En la sala, el juez Alvin Hellerstein escuchó sin responder a fondo. “Habrá un momento para eso”, le dijo.
Para expertos en derecho, la estrategia tiene más peso simbólico que legal. Un prisionero de guerra, según las Convenciones de Ginebra, no puede ser juzgado por el simple hecho de pertenecer a una fuerza enemiga.
Su estatus lo coloca fuera del sistema penal ordinario. Pero esa protección aplica únicamente en conflictos armados reconocidos entre Estados.
Y ahí aparece la grieta
El gobierno de Donald Trump ha descrito la operación de dos maneras distintas. Por un lado, como una acción policial basada en una acusación presentada hace cinco años.
Por otro, como parte de una guerra más amplia contra el narcotráfico en el Caribe, una campaña que ha incluido ataques letales a embarcaciones y el despliegue de buques de guerra.
Durante meses, Trump ha hablado del conflicto con Venezuela en lenguaje militar, aun cuando insiste en que no se trata de una guerra. Esa ambigüedad es precisamente la que Maduro busca explotar.
En Brooklyn, donde espera su proceso en el Centro de Detención Metropolitano, un lugar señalado por sus condiciones precarias, el exmandatario venezolano comparte espacio con cientos de acusados comunes. Nada en su situación actual se parece al trato reservado a un prisionero de guerra.
Aun así, su postura no es irrelevante. “Tanto Maduro como el gobierno estadounidense están hablando para una audiencia global”, explicó Daniel Richman, exfiscal federal y profesor en Columbia. No están discutiendo solo un caso penal, sino el significado político de esta detención.
En el fondo, el juicio será legal. Pero el conflicto es narrativo.
Maduro no discute únicamente su inocencia. Discute quién tiene derecho a juzgarlo, bajo qué reglas y con qué lenguaje. En esa batalla, más que una sentencia, lo que está en juego es la historia que quedará escrita.
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