Corea del Sur vive una nueva sacudida política. Este jueves, las autoridades detuvieron nuevamente al expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de intentar subvertir el orden constitucional con una polémica ley marcial que militarizó el Parlamento.
El episodio que hoy lo tiene en prisión se remonta al pasado 3 de diciembre, cuando Yoon ordenó al Ejército bloquear al Congreso para impedir una votación que revertiría dicha ley. Una acción que, para muchos, rozó el golpe de Estado.
Ya en enero, Yoon había sido arrestado mientras aún estaba en funciones, algo sin precedentes en la historia del país. En ese momento, logró mantenerse a salvo temporalmente bajo la protección de su escolta presidencial. Pero esta vez, la justicia no cedió.
Temen por la destrucción de pruebas
La nueva orden de arresto se emitió bajo sospechas de que el exmandatario pudiera ocultar o destruir evidencia clave en la investigación. Así lo declaró el juez Nam Se-jin, de la Corte del Distrito Central de Seúl, quien autorizó su detención tras una maratónica audiencia de siete horas.
Ahora, Yoon pasa sus días en una celda solitaria mientras los fiscales preparan la imputación formal. De ser procesado, podría pasar hasta seis meses tras las rejas, explicó Yun Bok-nam, presidente de la organización Abogados por una Sociedad Democrática.
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¿Qué significa esto para Corea del Sur?
La noticia genera un fuerte eco internacional. Corea del Sur, una de las democracias más estables de Asia, enfrenta una crisis institucional provocada por quien debió ser su principal garante del orden.
Aunque el expresidente niega todos los cargos, la imagen del país y la confianza en sus instituciones ya están en entredicho.
DIEGO LEIZA
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