La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mencionó que las mujeres detenidas durante la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer podrían enfrentar condenas de hasta 37 años de prisión. Esta afirmación se realizó en el programa Martes del Jaguar, donde también informó sobre el estado de las aprehensiones tras los disturbios en la manifestación.
Según Sansores, aprehendieron a cinco personas y las llevaron al penal de San Francisco Kobén. Y explicó que dos de ellas enfrentarán cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.
Destacó que las acusadas se someten a un proceso judicial que podría culminar en sentencias prolongadas.
La gobernadora subrayó la gravedad de los delitos cometidos, indicando que “las que intentaron cometer el homicidio, esas no tienen perdón.”
Según la mandataria, las penas asociadas a estos cargos son severas y pueden llevar a que las acusadas pasen años en prisión.
Además, se anticipa que se emprenderán acciones legales contra aquellos responsables de actos de vandalismo durante la protesta. Sansores afirmó que quienes destruyeron propiedades deben reparar los daños y eliminar cualquier pintada realizada en los espacios públicos.
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Ante estas circunstancias, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que las 14 detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas fueron arbitrarias. Esta organización solicitó la liberación inmediata de las detenidas y pidió investigaciones que respeten la perspectiva de género y aseguren la integridad de las manifestantes.
De las 14 detenidas, se identificó a dos como las principales responsables de las agresiones a las fuerzas de seguridad. Estas mujeres, acusadas de intento de homicidio calificado y daños al Palacio de Gobierno, las trasladaron al mismo penal que los otros detenidos.
Una de las policías agredidas, identificada como Perla Jaquelin, declaró que la golpearon con un martillo y experimentó miedo al ver que le prendían fuego a los escudos. Su colega, Cristy Salazar, también relató que no existía intención de agredir a las participantes de la marcha al levantarse los escudos.
La mandataria insistió en que los altos cargos y penas son necesarios para mantener el orden y rechazar la impunidad en casos de ataques a las autoridades.
ARIEL HERNÁNDEZ
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