En octubre de 2018, Venezuela vivió uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente cuando el concejal opositor Fernando Albán Salazar murió bajo custodia del SEBIN en Caracas.
El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que Albán se había suicidado al lanzarse desde una ventana del décimo piso, mientras esperaba ser trasladado a tribunales por su supuesta implicación en un atentado con drones contra el presidente.
Familiares y cercanos no confían en esa versión
Pero la versión oficial chocó de frente con la realidad. Su partido, Primero Justicia, junto con familiares y dirigentes opositores, denunció que el régimen lo asesinó y afirmó que Albán, un político respetado y devoto católico, jamás se habría quitado la vida.
Incluso organizaciones internacionales como Naciones Unidas expresaron preocupación por las contradicciones en la versión oficial y la falta de un proceso transparente.
En un país donde organismos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, falta de juicio justo y abuso de poder, este episodio simboliza el oscuro precio de desafiar al poder en Venezuela.
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Mientras el gobierno insiste en la versión de suicidio, muchos venezolanos y observadores internacionales ven un patrón más siniestro: una muerte en custodia que levanta más preguntas que respuestas.
En un contexto de tensiones políticas profundas, la línea entre “suicidio” y asesinato encubierto por el Estado sigue siendo, para muchos, insuficientemente aclarada.
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