FGR impugnará liberación de ocho militares del caso Ayotzinapa
Una jueza determinó que los militares deberán continuar su proceso en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará el cambio de medidas cautelares en contra de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó que los soldados deben continuar su juicio en libertad.
Según la FGR, la juez, así como magistrados de un Tribunal Colegiado permitieron el cambio de la medida cautelar en beneficio de los militares.
“La Fiscalía General de la República, rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio que, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
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El 20 de enero de 2023, la jueza cambió la prisión justificada en contra de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, al considerar que no representan un riesgo de fuga. Al conceder la modificación de las medidas, la juez impuso un pago de 50 mil pesos.
La sentencia se emitió luego de que en noviembre un Tribunal Colegiado ordenó la revisión de las medidas cautelares emitidas en junio de 2023.
“Esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
Ariel Hernández
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