El Congreso de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad, una iniciativa presentada por el poder ejecutivo del estado.
En una sesión extraordinaria convocada por la mayoría del partido Morena, se aprobó el dictamen que establece las causas de expropiación por “Utilidad Pública”, así como los procedimientos y modalidades para la ejecución de expropiaciones y ocupaciones temporales.
La decisión se justificó con la afirmación de que el municipio de San Francisco Campeche carece de reserva territorial para la construcción de vialidades y el desarrollo de vivienda social, lo que se considera necesario para el crecimiento económico del estado. La reforma ha sido interpretada como un mensaje del gobierno estatal al exgobernador Alejandro Moreno, según la mayoría oficialista.
La diputada Ana María López, del Partido del Trabajo, cuestionó a la oposición y mencionó que Moreno y otros vinculados al gobierno han adquirido terrenos a precios muy bajos en administraciones anteriores.
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Desde 2022, la Fiscalía General del Estado de Campeche investiga a Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito, quien reportó tener 13 propiedades adquiridas entre 2012 y 2021.
Según la gobernadora Layda Sansores las propiedades de Moreno están ubicadas en áreas de alta plusvalía. Antonio Jiménez Gutiérrez, diputado de Morena.
El Artículo 1 Bis fracción III de la reforma establece que la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se notificará a los propietarios de los bienes afectados. Si no se localizan, el estado podrá tomar posesión de la propiedad. El Artículo 18 indica que, tras la notificación, la Secretaría de Gobierno procederá a la ocupación inmediata del bien expropiado.
La oposición ha expresado su preocupación por el riesgo que esta reforma representa para el patrimonio de los ciudadanos, quienes quedarían a merced de decisiones ejecutivas sin posibilidad de impugnación. La diputada Delma Rabelo, del PRI, criticó la falta de recursos legales para que los ciudadanos defiendan sus derechos ante estas decisiones.
Ariel Hernández
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