La organización del Mundial 2026 en México entró en zona de alerta tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey siguen como sedes oficiales del Mundial 2026, y no hay cambios formales en el calendario avalado por la FIFA. Pero el mensaje de calma institucional no borra el ruido de fondo: cuando se mueve el tablero del crimen organizado, el impacto nunca es solo local.
En el análisis deportivo-operativo, el foco no está en el día del partido, sino en todo lo que rodea al torneo: traslados de selecciones, rutas de acceso, aeropuertos, hoteles oficiales y operación de prensa.
La respuesta lógica es blindaje total: anillos de seguridad, coordinación federal, inteligencia preventiva y vigilancia internacional en puntos sensibles.
Eso encarece la logística y eleva la exigencia operativa de un Mundial que ya es complejo por su formato trinacional en México, Estados Unidos y Canadá. El reto real es sostener previsibilidad en un contexto volátil.
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El escenario extremo redistribuir partidos hacia sedes en Estados Unidos existe en el manual de contingencias de la FIFA, pero solo se activaría ante episodios sostenidos de violencia o amenazas directas a instalaciones.
Quitarle a México la condición de sede hoy no está en la agenda, pero el gobierno tiene una deuda clara: no basta con decir “todo sigue igual”.
Se necesita transparencia en los protocolos, métricas de riesgo públicas y coordinación visible con los comités locales. La Copa del Mundo exige certezas, no discursos.
México ya fue anfitrión dos veces; esta tercera oportunidad se juega fuera de la cancha.
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