El Mundial 2026 todavía no comienza, pero en el Estadio Banorte ya se juega un partido fuera de la cancha que huele a pleito millonario.
Los dueños de palcos explotaron contra la FIFA y la administración del estadio después de que les prohibieran comercializar y usar sus espacios como normalmente lo hacen desde hace décadas.
La bomba estalló cuando varios propietarios recibieron un aviso tajante: debían vaciar sus palcos antes de que FIFA tomara control total del inmueble rumbo a la Copa del Mundo.
El conflicto se puso más caliente porque los palcohabientes aseguran que sus contratos, firmados desde 1965 y con vigencia de 99 años, les garantizan derechos exclusivos sobre esos espacios. Pero las reglas mundialistas cambiaron el juego.
FIFA prohibió cualquier tipo de reventa, cesión o negocio relacionado con boletos y accesos durante el torneo, algo que los propietarios consideran una violación directa a sus contratos.
La respuesta fue inmediata
Demanda civil contra Estadio Banorte, Ollamani y hasta la propia FIFA.
Mientras el estadio promete accesos garantizados para los cinco partidos mundialistas que albergará, detrás del telón la tensión está a tope.
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Incluso trascendió que el recinto tendría que pagar 62.4 millones de dólares para liberar esos lugares ante FIFA, aunque los dueños de palcos siguen sin recibir sus accesos oficiales.
Además, un juez federal ya otorgó medidas cautelares que permitirían a los propietarios mantener derechos como estacionamiento, acceso y uso de sus espacios mientras se resuelve el pleito legal.
El Mundial más grande de la historia ya tiene su primera polémica en México, y la pregunta empieza a crecer entre aficionados y propietarios: ¿quién terminará ganando este juego entre FIFA y los dueños de los palcos?
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