La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México se volvió caótica este lunes cuando el Grupo Parlamentario del PAN ocupó la tribuna principal. La finalidad era detener el debate sobre una iniciativa de reforma al modelo de transparencia, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La reforma busca transformar al InfoCdMex en un órgano desconcentrado que dependa de la Secretaría de la Contraloría General.
Ocupación de tribuna y forcejeos físicos
Legisladores del PAN, como las diputadas Daniela Álvarez y Claudia Pérez, se colocaron en la tribuna para obstaculizar el desarrollo de la sesión.
Al intentar reiniciar el encuentro, diputados de Morena y aliados ocuparon el presídium, originando empujones y forcejeos. Los videos del pleno muestran a legisladoras en confrontación, aunque no hubo lesiones graves ni intervención policial.
El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, trató de mediar durante la disputa. La oposición argumenta que la propuesta representa una regresión en transparencia al concentrar funciones en el Ejecutivo y eliminar la autonomía del instituto. Morena defiende la iniciativa como una necesidad de armonización con reformas federales sobre acceso a la información.
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Este altercado sucede en un contexto donde el periodo ordinario está por concluir, y hay presión para avanzar en el paquete económico 2026 y otras reformas. La iniciativa fue enviada a finales de noviembre y ha generado debate sobre la preservación de contrapesos institucionales.
No se han emitido comunicados oficiales sobre el incidente, pero se espera que las comisiones continúen analizando la propuesta. Tras un receso, la sesión se reanudó parcialmente, aunque los temas controversiales quedan pendientes.
Argumentos a favor y en contra de la polémica reforma
Las diputadas de ambos grupos evidenciaron la tensión al jalarse el cabello. Ante la ausencia de condiciones adecuadas, la Mesa Directiva suspendió la sesión y evalúa la posibilidad de trasladarla a un lugar alternativo.
El dictamen busca extinguir el InfoCdMex y crear un nuevo organismo que dependa de la Contraloría General. La propuesta fue aprobada previamente por varias comisiones del Congreso.
La reforma indica que la garantía del derecho a la información pública estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría a través del nuevo órgano. Aunque se incluyó un pleno de tres miembros tras negociaciones, la oposición advierte sobre la perdida de autonomía. El Congreso deberá emitir la ley secundaria en un plazo máximo de 180 días.
ARIEL HERNÁNDEZ
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