En pausa reforma que prohíbe negar rentas a personas con hijos o mascotas
La reforma que prohíbe negar la renta a personas con hijos o mascotas fue aprobada hace semanas, pero sigue sin publicarse en la Gaceta Oficial. En teoría ya es ley, en la práctica… sigue en el limbo.
Desde el pasado mes de septiembre, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que prohíbe a los arrendadores negar las rentas de inmuebles a personas con hijos o mascotas.
La modificación busca garantizar el acceso a la vivienda sin discriminación. Esta reforma, impulsada por la diputada Diana Barragán, establece que cualquier contrato de arrendamiento debe respetar el derecho de los inquilinos a convivir con sus mascotas y no rechazarlos por el número de hijos.
Sin embargo, aunque la reforma se aprobó por unanimidad, aún no se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo que mantiene la medida en un estado de incertidumbre. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) se encargará de supervisar el cumplimiento de la norma.
La modificación legal también contempla sanciones para los arrendadores que incumplan, incluyendo multas y nulidad de cláusulas discriminatorias. Organizaciones civiles han señalado que más del 30% de las familias que buscan vivienda enfrentan restricciones debido a tener niños o mascotas.
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La reforma se considera un avance en la lucha contra la discriminación en el sector inmobiliario en una ciudad donde cerca del 40% de la población no vive en propiedad. Además, el 61.4% de los hogares en la capital tiene mascotas, y se estima que más de 500 mil animales son abandonados anualmente.
Con la modificación, la Ciudad de México se convierte en la primera entidad del país en incluir explícitamente estas protecciones en su legislación. Sin embargo, el retraso en la publicación oficial de la reforma limita su implementación efectiva.
La creación de una Procuraduría Inquilinaria para atender quejas de arrendadores e inquilinos también fue propuesta. Esta medida se complementa con el fortalecimiento de la Procuraduría Social (PROSOC) para recibir denuncias relacionadas con el arrendamiento.
Especialistas consideran que la falta de publicación de la reforma plantea la necesidad de seguimiento por parte de los ciudadanos y organizaciones para asegurar que la ley entre en vigor y cumpla con su objetivo de promover un mercado de vivienda inclusivo y sin discriminación.
ARIEL HERNÁNDEZ
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