El INE blinda elecciones 2027 con la firma de un convenio de colaboración. El acuerdo se suscribirá el viernes 6 de noviembre de 2026. Participarán cinco instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero. El objetivo es evaluar el perfil de riesgo de los aspirantes a candidaturas. Así buscan impedir la infiltración del crimen organizado en las boletas.
El acuerdo involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos. También a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar Hamid García Harfuch. Se suma el Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio. Además participan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares.
La participación de los partidos políticos y de los aspirantes independientes será voluntaria. Podrán presentar al INE los listados de personas que pretendan postular. Deberán acompañarlos con el consentimiento informado de cada una de ellas. A partir de esa información, el Instituto remitirá las solicitudes a las instancias competentes. Cada institución aplicará su propia metodología y criterios. Así determinará si existe o no un riesgo razonable, sin que el INE intervenga en esa evaluación.
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¿Qué alcance tendrá la verificación de integridad para las candidaturas?
El convenio facilitará el intercambio de información entre las instituciones firmantes. Con ello desarrollarán los procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgo. El mecanismo aplica tanto a candidaturas partidistas como a las independientes.
El INE reafirmó su compromiso con la autenticidad de las postulaciones. Señaló que la integridad de las candidaturas constituye un estándar de probidad pública y responsabilidad democrática. También busca garantizar la protección de los derechos político-electorales de las personas aspirantes.
Un proceso que tardó meses en concretarse
El convenio es la concreción de un proceso que arrancó en septiembre de 2026. En ese entonces, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció una “metodología única” coordinada con el INE. El fin era identificar vínculos de aspirantes con el crimen organizado.
El acuerdo se suscribirá un día después de que el Instituto emitiera el comunicado de prensa número 481, fechado el 5 de noviembre de 2026.
Las elecciones se realizarán en junio de 2027. Pondrán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales en todo el país. Entre ellos destacan las gubernaturas de 17 estados.
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